La tutela de Ramsés que tumbó la consulta antitaurina

 

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Por Rodrigo Urrego B.

 

25 de septiembre 2015

 

 

 

El pasado 20 de agosto, época en la que se deberían estar dando toros en la plaza de Santamaría de Bogotá, se produjo una noticia lapidaria que pareció caer como tres avisos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó la consulta antitaurina, y la habilitó para que fuera en las próximas elecciones de alcalde, el 25 de octubre.

Ese día, la preocupación y pesimismo era total entre profesionales y aficionados en general. Por las redes sociales pululaban comentarios de indignación, y otros tantos que clamaban por actuar. Llamados a la unidad, y hasta caía como anillo al dedo la invitación que hizo Sebastián Castella para que todos los aficionados ‘salieran del closet’.  

No era para menos. Una consulta popular, como esta con la que se obsesionó el alcalde Gustavo Petro, en el fondo pretendía imponer a su futuro sucesor el cierre definitivo de la Santamaría, y para salir triunfante en las urnas pese a su desteñida  es un escenario donde el taurinismo está en desventaja. Petro se ampararía en su causa antitaurina para legitimarse en las urnas.

Un día después de conocerse el fallo del Tribunal, el sindicato de matadores de toros decidió recurrir a la justicia. Los toreros, a los que más les duele el abandono de la plaza, presentarían acciones de tutela de forma masiva ante el Consejo de Estado. Una estrategia jurídica conocida como tutelatón.


La tutelatón

La decisión no dejó de ser polémica. Era ni màs ni nada menos que recurrir a la misma artimaña del alcalde Petro para suspender la destitución de la Procuraduría. Las mimas armas del verdugo. Y por si fuera poco es una estrategia que a la larga termina congestionando los tribunales judiciales. Parecía una decisión apresurada, pero a la larga era el último recurso.  

Ivonne Wittingham, abogada de la Unión de Matadores, fue la encargada de redactar la tutela. Advertía que el Tribunal Superior de Cundinamarca había violado el debido proceso al aprobar la consulta haciendo caso omiso de las sentencias de la Corte Constitucional que le dan legalidad al toreo, y que señalan que los alcaldes no pueden prohibir los espectáculos taurinos.

Desde primera hora llegaron toreros y algún aficionado. Entregaban su cédula y recibían todos los documentos para radicarlos en el Consejo de Estado.  En la mañana de ese 21 de agosto, una peregrinación de toreros se confundía entre la multitud que deambula por la Carrera Séptima hasta el palacio de Justicia.

Uno de ellos fue Ramsés Ruiz. Acaso el torero bogotano que más ha afectado el cierre de la Santamaría, pues su carrera casi que se redujo en los últimos años a la capital. Allí, Ramsés no solo era local, se fue convirtiendo en el torero colombiano en activo con más orejas cortadas, salió a hombros en su alternativa, triunfo en la primera reaparición de José Tomás, y fue el último colombiano que ha hecho póker, cortar cuatro orejas en una sola tarde, y lo hizo frente a Finito de Córdoba y El Juli. Hasta ha triunfado con los nada fáciles Mondoñedo, los toros de la afición Bogotá.

Casualidad o cosas del destino, la tutela seleccionada por el magistrado Alberto Yepes fue precisamente la del torero que mejor puede representar el drama del cierre de la plaza. La justicia quiso que Ramsés, el hijo de Alberto Ruiz ‘El Bogotano’, fuera a quien el Consejo de Estado amparó sus derechos, que no son otros que los del resto de sus compañeros, y de la afición taurina.


La sentencia

Tras revisar la tutela de Ramsés, el Consejo de Estado llegó a la conclusión que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al aprobar la consulta antitaurina, desconoció de manera flagrante las sentencias de la Corte Constucional (C-889 de 2012 y en la T-296 de 2013), en la que se definió expresamente que en el Distrito Capital está habilitada la actividad de la tauromaquia al precisar que en la Plaza de Toros de Santamaría debe permitirse de manera permanente “la realización de espectáculos taurinos”.

También señaló que “no es dable acudir al mecanismo de la consulta para que, por una decisión mayoritaria, se determine si se puede o no practicar el referido espectáculo en la edificación dispuesta para el efecto: la Plaza de Toros de Santamaría”.

De igual forma, el Consejo de Estado concluyó que el Alcalde Mayor de Bogotá “no podría hacer obligatoria la decisión de la consulta (…)  so pena desconocer los efectos y la fuerza vinculante de las decisiones judiciales, en este caso, las proferidas por el Tribunal Constitucional, lo que impone amparar, se repite, el derecho al debido proceso por violación del precedente constitucional”.

Pero más allá de las conclusiones del fallo, los argumentos que sustentan la decisión tienen varios alcances favorables para el toreo. En primer tèrmino, esta sentencia del Consejo de Estado es la primera que reconoce a los taurinos como minoría.

El Consejo de Estado advierte que la consulta popular “pierde su eficacia cuando un grupo pretende usarlo a fin de imponer su propia concepción moral a los demás como un valor ideológico absoluto, sin reconocer y respetar la diferencia –tolerancia-, ni brindar igualdad de trato y oportunidades a todos las personas y grupos sociales como actores políticos –pluralismo-”.

Tambièn advierte que a la luz de la Constituciòn “no es posible someter la práctica de una costumbre social, de una expresión artística o una manifestación cultural a la aprobación de las mayorías sin violar el principio de tolerancia que le sirve de fundamento y de la neutralidad de cosmovisión del Estado”.

El alto tribunal reitera que según la Constitución no se puede condicionar la vigencia  de las manifestaciones artísticas a la voluntad popular, pues es precisamente en el escenario electoral donde más fácilmente puede haber una amenaza a la libertad del individuo”.

En la decisión, el magistrado Yepes consideró que el Tribunal Superior de Cundinamarca, al aprobar la consulta antitaurina “desconoció que: i) el Alcalde de Bogotá se extralimitó en el ejercicio de su competencia de dirigir administrativamente los intereses distritales, invadiendo la esfera reservada al Congreso de la República para ejercer el poder de policía en su calidad de máximo órgano de deliberación política en el marco de un Estado Unitario; y ii) porque la consulta popular no pueden servir de instrumento para imponer una determinada cosmovisión sobre un asunto que hace parte del acervo patrimonial de la nación”.

Con esta sentencia, Gustavo Petro ya no podrá llevar a las urnas la papeleta de la consulta antitaurina. Nuevamente el alcalde pierde en los tribunales su batalla contra el toreo. Le quedan casi 100 días de mandato. Seguramente los ocupará para evadir los fallos judiciales, que le insisten en que tiene que abrir la plaza de toros.